El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente Tramitación de la nueva Ley de Montes de Andalucía

Señoras y señores miembros de la Comisión,

En primer lugar, desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes queremos transmitir nuestra felicitación por la elaboración de esta Ley de Montes de Andalucía, en concreto por los objetivos que persigue. Valoramos profundamente la amplia participación sectorial y social que ha acompañado su tramitación; el dialogo e intercambio de perspectivas es imprescindible para garantizar una política forestal sólida y eficaz.

También nuestro agradecimiento, por recoger parte de nuestras aportaciones que como profesionales en la materia hemos trasladado para su mejora con el objetivo finalista de que realmente esta nueva Ley de Montes de Andalucía sea un instrumento para la gestión del territorio, para mejorar la resiliencia de los montes y para impulsar la bioeconomía y el desarrollo rural. Agradecemos también, que el texto legal contemple mecanismos que permitan convenios y acuerdos con organizaciones y entidades del ámbito de actuación incluyendo como no podía ser de otra manera a los colegios profesionales que representan las titulaciones forestales universitarias. Aprovecho para solicitar apoyo e impulso a las escuelas andaluzas donde se imparten estudios y de grado y máster habilitante para ejercer profesiones esenciales, con una empleabilidad prácticamente plena que resulta imprescindible visibilizar ante la sociedad y, en especial, entre los jóvenes, como salida profesional estratégica para afrontar los retos que esta ley recoge. Continuar leyendo

«Obsoleta, autoritaria y freno a la innovación»: así es el borrador de la ley para el seguimiento de los bosques europeos

Torre de flujos para medir el intercambio de CO2, H2O y energía entre el bosque y la atmósfera

La Unión Europea está preparando una ley para el seguimiento de sus bosques que sienta un peligroso precedente contra la independencia de la ciencia. La nueva legislación pretende decretar qué métodos científicos son válidos, y cuáles no lo son, para medir el estado de nuestra vegetación.

En una publicación reciente en Nature Ecology & Evolution demostramos que la legislación nacerá obsoleta si el redactado actual se mantiene. Algunos de los métodos que propone están desfasados y no son los más adecuados para alcanzar los objetivos perseguidos. En consecuencia, variables clave para la seguridad de la ciudadanía, como la estimación del riesgo de incendios, podrían ser gravemente erróneas.

No se puede esperar que el legislador de Bruselas esté al corriente sobre las técnicas usadas para inventariar bosques. Pero tampoco se puede comprender que dicho legislador pretenda arrogarse una competencia que le es ajena. Continuar leyendo

La Estrategia Nacional Gestión Cinegética

Imagen de Andrea Bohl en Pixabay

Por Valentín Gómez Mampaso, Vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Montes

Las Comunidades Autónomas ostentan las competencias en materia de caza, según el artículo 148 de la Constitución Española, siendo contemplada en buena parte de los correspondientes Estatutos de Autonomía, siendo el Estado el que mantiene las labores de coordinación inter-autonómica y representación internacional en materia de Caza.

Al amparo de la disposición adicional cuarta de la Ley 21/2015 de 21 de julio, de modificación de la Ley 43/2003, de Montes (España. Jefatura del Estado, 2015), EL Ministerio de Agricultura  ha redactado la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, con el objetivo final de que constituya el marco orientativo y de coordinación de la gestión cinegética a escala estatal, cuyas disposiciones pueden ser incorporadas voluntariamente por las Administraciones competentes en su normativa cinegética. Continuar leyendo

Importante Sentencia del Tribunal Supremo para la Caza

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una extensa sentencia (Sentencia nº 427/2020, de 18 de mayo), por la que anula una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sentencia nº 604/2017, de 17 de mayo), que anulaba a su vez varios preceptos del Decreto 32/2015, de 30 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se regulaba la conservación de las especies en Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre, como consecuencia de la demanda presentada por Ecologistas en Acción (ver aquí)

La sentencia del Tribunal Supremo tiene relevancia en cuanto que puede suponer un criterio orientador para los juzgadores sobre asuntos de naturaleza similar.

A continuación, se expone el caso con detalle. Continuar leyendo