El Bosque Maltratado. El proyecto de Administración facultativa forestal en la Cuba Colonial (1853 -1898)
Nuestro compañero Javier María García López ha publicado en Amazon Kindle Direct Publishing el libro “EL BOSQUE MALTRATADO. El proyecto de Administración facultativa forestal en la Cuba colonial (1853-1898)” que, en sus 532 páginas, analiza de forma muy detallada y en base a documentación de archivo, en su mayor parte inédita, el intento de establecer en Cuba una Administración forestal análoga a la de la metrópoli, uno de los episodios menos conocidos de nuestra historia forestal.
En el marco del concepto asimilista de la política española decimonónica hacia los restos de su imperio colonial, se intentó establecer en Filipinas, Puerto Rico y Cuba una Administración facultativa de montes basada en los mismos principios que en la metrópoli. Pero fue en Cuba donde el Cuerpo de Montes encontró tales obstáculos que finalmente el objetivo de gestionar los montes del Estado bajo los principios científicos y técnicos de la nueva dasonomía que desde 1848 se enseñaban en la Escuela Especial de Ingenieros de Montes de Villaviciosa de Odón terminó en un proyecto frustrado. El libro analiza las claves de este fracaso.
En 1853 Bernardo de la Torre, muy vinculado por su trayectoria profesional a las colonias americanas, consiguió que se aprobase el envío a Cuba de una Comisión de reconocimiento de montes, a semejanza de las que ya funcionaban desde el año anterior en la metrópoli, nutridas por ingenieros recién licenciados en Villaviciosa. Pero como si de una triste premonición se tratara, los dos primeros Ingenieros de esta Comisión, Santiago Garay y José Carrión, murieron de fiebre amarilla a los pocos meses de desembarcar en la Isla.
Javier María García López
La resistencia del Ministerio de Fomento, del que dependía el Cuerpo de Montes, a perder en favor de otro departamento ministerial como el de Ultramar parte de los todavía muy escasos efectivos que le eran necesarios para establecer la Administración facultativa forestal en la metrópoli fue una de las causas principales de que no fuese sino cinco años más tarde cuando llegase un único Ingeniero a la Isla. La llegada de Francisco de Paula Portuondo fue en parte fruto de la casualidad, ya que era criollo natural de Santiago de Cuba, y terminaría siendo, salvo en breves periodos, la cabeza del ramo de montes en la Isla hasta el final de la dominación española.
Un Portuondo recién licenciado estuvo completamente solo en la Isla durante casi siete años, sin otros compañeros, ni Ayudantes de montes, ni guardería forestal, enfrentado a un monumental, casi inhumano reto. A lo largo de la vida de la Inspección General de Montes, solo otros seis Ingenieros pasaron por Cuba: Joaquín Mª Gorostegui Garagarza (1865-1869), Ernesto Ruiz Melo (1875-1887), Julián Romero Álvarez (1878), Juan Fernández Ledón (1878-1894), Santiago Pérez Argemí (1890-1897) y Francisco Bernard Gallego (1895-1898).
La Inspección tuvo que luchar hasta la pérdida de la colonia contra la más escandalosa menesterosidad de medios. Su mayor dotación puntual fue de 4 Ingenieros (un Jefe de Inspección y 3 Jefes de Distrito) y 8 Ayudantes, pero la mayor parte de su vida orgánica transcurrió con mucho menos personal. Nunca llegó a tener guardería forestal, por lo que su control real en campo fue en buena parte ficticio. El maltrato administrativo estuvo también a la orden del día, en forma de ascensos del escalafón que no se trasladaban a menudo al personal de la Isla para no aumentar el gasto presupuestario, falta de fondos para hacer frente a los gastos de transporte y manutención para llevar a cabo los trabajos de campo, o trato retributivo más desfavorable frente al Cuerpo de Caminos de la Isla.
La Inspección de Montes tuvo que localizar y delimitar montes realengos que quedaban como sobrantes no asignados a terrenos mercedados en forma de círculos, a veces incluso sobrepuestos entre sí.
El principal enemigo de la Inspección fue la potente oligarquía hacendada que basaba su fortuna en grandes cultivos de caña de azúcar con mano de obra esclava, fiel seguidora de los principios más extremos del liberalismo económico. Esta sacarocracia llegó a crear un importante lobby de poder en la Corte, no exento de corrupción, mediatizando toda política del Estado en la Isla para adecuarla a sus intereses, bajo la amenaza encubierta de apoyar en caso contrario tesis independentistas o anexionistas a Estados Unidos, y con la fuerza de ser los inyectores de fuertes cantidades de dinero a las arcas del Estado a través de los aranceles portuarios del azúcar. Estos hacendados esclavistas vieron en la Inspección una amenaza a su libertad de transformar montes en cañaverales a través de salvajes tumbas y quemas.
Además, la nueva Administración forestal llegaba ya tarde, pues la mayor parte del territorio cubano, inicialmente todo él realengo por derecho de conquista, estaba ya masivamente privatizado a través de poco escrupulosas concesiones de tierra (mercedes) a particulares. A la llegada de los primeros ingenieros los montes públicos eran ya marginales, reducidos a sobrantes en forma de retazos situados entre las haciendas o en zonas montañosas muy apartadas. La forma circular de las mercedes, otorgadas además por los ayuntamientos con escasas garantías y suplantando a la Corona, así como las frecuentes usurpaciones, convirtieron el medio rural cubano en un gran laberinto jurídico, ante la dejación de un Estado más interesado en percibir los ingresos arancelarios del azúcar que en conservar y gestionar su patrimonio.
En este marco tan desfavorable, al que hay que añadir los sucesivos conflictos bélicos contra los insurrectos, y la negativa de Hacienda (recaudadora de los aranceles portuarios) a colaborar con la Inspección, no es de extrañar que ésta no fuera capaz en su cuarenta años de existencia de pasar de un estado casi embrionario, de elaborar un Catálogo de montes públicos, ni un Bosquejo o Mapa forestal, ni pasar del sistema de aprovechamientos por licencias a uno basado en planes de aprovechamientos. El conocimiento forestal estuvo aletargado y no consta ni una sola publicación científica o técnica de su personal.
Tras la pérdida de la colonia por España, el Ministerio estuvo durante años sin saber nada del único ingeniero que quedaba en la Isla, Portuondo, que nominalmente seguía en el escalafón. Consiguió finalmente averiguar que trabajaba como Inspector de montes para el gobierno de ocupación norteamericano, por lo que se le retiró la nacionalidad española.
En el aire quedan incógnitas por resolver y preguntas por contestar respecto a si el fracaso del proyecto puede explicarse solo por la menesterosidad de medios y la desquiciada realidad territorial cubana ¿cuál fue la responsabilidad de Portuondo? ¿su pertenencia a una familia aristocrática y terrateniente criolla pudo mediatizar su labor de oposición a las oligarquías azucareras? ¿Cuál fue realmente su nivel de lealtad, teniendo en cuenta que su padre estuvo condenado a muerte por desafecto a las autoridades españolas aunque fue finalmente indultado? ¿faltaron en Cuba ingenieros del peso intelectual de Ramón Jordana, José Sainz de Baranda o los hermanos Sebastián y Domingo Vidal y Soler, que hicieron del homólogo y exitoso proyecto en Filipinas un orgullo para el Cuerpo de montes?
A pesar de todo ello, y como acertadamente concluye Inés González Doncel en su prólogo a la obra: “Con la precaución con la que siempre se deben juzgar cifras pasadas y hechos –remotos y presentes– relatados por personajes con muy diferentes inquietudes, visiones e intereses, opino sinceramente que sin los ingenieros de montes decimonónicos el bosque cubano hubiera acabado el siglo XIX mucho más maltratado. Y quiero creer que mucho o poco del actual bosque natural de Cuba se lo debemos sin duda a ellos. Javier lo demuestra a lo largo de estas páginas”.
Un artículo del mismo autor sobre esta cuestión se ha publicado recientemente en la Revista Montes.
