Desde el Reglamento de Desarrollo Rural de la UE para el período 2000-2006, se recogió por primera vez la posibilidad de establecer a su cargo el pago por servicios ambientales, en analogía con los pagos agroambientales ya consolidados entonces. Costó mucho superar las reticencias de los países del Norte para conseguir que aquel artículo 32 viese la luz.
No obstante y aunque nos encontremos en el tercer período en el que se pueden implementar dichos pagos, apenas se ha hecho uso de ello en nuestro país, pese a su naturaleza montañosa, la baja rentabilidad de los montes, el alto riesgo de incendios o el alto porcentaje de montes incluidos en la Red Natura 2000. Lamentablemente, en los pocos casos en los que se ha utilizado esta figura, como en Cataluña o más recientemente en Castilla-La Mancha, lo es meramente para financiar la inacción, en vez de integrar las consideraciones de biodiversidad en la gestión, siguiendo los mensajes centrales de la Cumbre de Río+20 y de la COP 13 de la Convención de Biodiversidad celebrada el año 2016 en México, sobre integración de la biodiversidad en la gestión agrícola y forestal.
En el último caso de Castilla-La Mancha se ha establecido que, cuando una finca de naturaleza forestal esté en Zona Red Natura 2000, la limitación voluntaria de determinados aprovechamientos (maderas, leñas, descorches, cinegéticos y ganaderos) podrá venir acompañada de una compensación que podrá llegar a los 200 euros por hectárea y año.
Sinceramente, creo que se nos ha ido la mano con el tema de la Red Natura 2000. Un instrumento, que tiene bastantes aspectos positivos, ha sido pervertido por la interpretación que se le ha dado, sobre todo en algunas Comunidades Autónomas. No digo que en algún caso puntual pueda darse la situación de nidificación de una especie concreta y haya que suspender operaciones de gestión forestal (compensando, claro), pero que se subvencione con 62,85 €/ha (y cito textualmente) “Disminuir o incluso llegar a suprimir el aprovechamiento de madera durante el periodo de vigencia del compromiso con el objetivo de permitir la evolución hasta alcanzar la etapa de bosques maduros …” me parece una auténtica barbaridad.
Especialmente preocupante es que la clase política haya aceptado determinadas definiciones tan genéricas y poco científicas como la de “bosque maduro” (con unas clasificaciones fitosociológicas cada vez más puestas en duda), y que, en virtud de eso, se esté dilapidando dinero público, y más preocupante aún, que ese dinero público haga que aprovechamientos tradicionales históricos se abandonen, fomentando la despoblación que decimos combatir. ¿Es realmente el Consejero conocedor de lo que ha firmado? ¿Qué pasará si dentro de unos años ya no hay dinero público? Abandono de gestión y mayor posibilidad de grandes incendios forestales, de los que siempre habrá, en bosques maduros también. Compensar la pérdida económica directa al propietario que supone el no aprovechar es relativamente fácil y barato, pero la madera tiene un ciclo de vida y de no emplearse este elemento habrá que recurrir a derivados del petróleo ¿Quién paga ese coste ambiental? ¿y el de las empresas que transforman la madera? ¿y el mayor riesgo de incendio forestal?.
Quiero adentrarme un poco más en ese concepto de bosque maduro. Resulta que, según se desprende de esta Orden, es aquel en el que, al dejar de cortar madera, parece ser que evolucionará hacia un “nirvana forestal”, solo comparable con las profundidades del Amazonas. Pobres de los que piensan así, grandes negacionistas del cambio climático, cuando todos los expertos internacionales hablan de adaptación a un régimen mucho menor de precipitaciones y mayores temperaturas, especialmente en la cuenca Mediterránea.
La Comisión Europea ha adoptado, en 2017, un nuevo Plan de Acción para la Red Natura 2000 denominado “para la naturaleza, las personas y la economía”. Según declaraciones del Comisario Europeo de medio ambiente, Karmenu Vella, “El concepto consiste en combinar la conservación de la naturaleza con actividades humanas sostenibles, y sobre todo, implicar a las poblaciones y comunidades locales en la salvaguarda de los recursos naturales”.
¿Quién no puede estar de acuerdo con esta afirmación?, con la Orden publicada por la Consejería, se está volviendo a un concepto de la protección muy atrasado, y que, precisamente, no ha dado los frutos que algunos sectores esperaban, más bien al contrario. Intentar limitar las actividades tradicionales es un gran error para la conservación. Se ha demostrado, la Comisión Europea también lo ha constatado… y aquí aún existen Comunidades Autónomas intentado dividir y enfrentar a la población local con la conservación y gestión de su patrimonio natural.
Finalizo con estas declaraciones del Comisario de Medio Ambiente, en una de las presentaciones de este nuevo Plan de Acción para la Red Natura 2000 “Natura 2000 tiene que ver tanto con las personas como con la naturaleza y la Red tiene un enorme potencial económico y social”.
