El 30 de marzo el Congreso aprobó una Proposición No de Ley presentada por el Partido Popular que incluía el establecimiento del Fondo Forestal cuyos recursos se destinarían, entre otros, a retribuir los vitales servicios ambientales que los bosques han venido ofreciendo gratuitamente a la sociedad. La principal fuente de financiación del fondo sería un suplemento específico sobre la fiscalidad aplicada a los hidrocarburos y el consumo de agua doméstica. La proposición fue aprobada sin ningún voto en contra.
Si bien no es la primera iniciativa en este sentido en nuestro país, se trata de la primera que integra no solo el destino final de los fondos (pago por servicios ambientales), la fuente de financiación procedente de la fiscalidad ambiental y el mecanismo de gestión (fondo forestal). Y lo que es aún más importante, ha contado con un amplio apoyo político. Los principales precedentes fueron las leyes de fomento del arbolado de Madrid y Castilla y León de mediados de los 90 que fallaron por la ausencia de previsión de su financiación. La Ley básica de Montes previó este tipo de incentivos pero al carecer del mecanismo de afección de tasas ambientales relacionadas y de retención de los correspondientes recursos (fondo) quedó circunscrito a un elemento evocativo sin mayor transcendencia.
La importancia de este reconocimiento es múltiple. Por un lado, porque hasta ahora la sociedad solo ha venido reconociendo lo que tiene un precio. Por otro, porque supondrá una financiación externa para muchos montes que no pueden alcanzar umbrales de rentabilidad mínimos por sí mismos si solo se contemplan sus producciones directas. Además, si lo que se pretende es una gestión multifuncional, la forma más eficiente de conseguirla es mediante incentivos que abarquen las diferentes funciones de los bosques y no solo la vertiente productiva. Una sociedad avanzada no puede renunciar a servicios ambientales de calidad. Si estos no se reconocen, su provisión a la larga acabará asegurándose mediante el abuso de la función social de la propiedad, claramente desproporcionada respecto al nivel habitual en cualquier otro tipo de activo. El riesgo de mantenimiento sine die del status quo actual, además de condenar a muchos bosques al abandono antesala del incendio, exacerba una de las causas de la despoblación de las zonas de montaña donde la gestión forestal es un motor endógeno indispensable.
Para salir del estéril debate sobre si reducir las demandas de servicios ambientales para no vaciar de contenido el derecho de propiedad o imponer la prevalencia del interés general avasallando a una minoría solo existe un camino: su retribución. El nivel de provisión dejará de tambalearse sobre el filo de la navaja por el abuso de la singular función social de la propiedad en el ámbito forestal para devolverlo a su lógico foro del debate presupuestario donde se decide la priorización de los servicios de interés general.
Con ello se da otro paso quizás más transcendente: se comienza a construir un nuevo pilar de la política ambiental. Surgida de la necesidad de abordar las externalidades negativas de los procesos productivos (contaminación, residuos, ocupación del suelo, ruido, etc.) en la década de los setenta, se basó obviamente en instrumentos de command and control primero mediante medidas administrativas y posteriormente complementadas con fiscales con el objetivo de internalizar en los costes de los agentes de mercado (empresas y consumidores) el perjuicio ambiental causado. Aplicado el mismo mecanismo a los recursos naturales renovables como los bosques se ha generado una tremenda injusticia al penalizar a quienes ofrecen vitales servicios ambientales y con un efecto territorial altamente perverso al afectar precisamente a las zonas más desfavorecidas y despobladas. Por ello era ya hora de consolidar un nuevo pilar ambiental positivo para el reconocimiento de los servicios ambientales que necesariamente tiene que estar estrechamente relacionado con la política forestal y de cohesión territorial. Confiamos en que pronto se vea hecho realidad.
