Lobo Ibérico. De Arturo de Frias Marques, CC BY-SA 4.0,
La coexistencia de lobos europeos y humanos en zonas rurales plantea desafíos. Tras su expulsión histórica, los lobos se recuperaron con políticas de protección, generando conflictos. Los impactos incluyen riesgos para la ganadería, preocupaciones de seguridad, acceso seguro a la naturaleza y desigualdades en los costes de conservación. Las políticas de protección a escala de individuo pueden resultar inflexibles mientras que sus costes recaen desproporcionadamente sobre áreas rurales, lo que genera tensiones y desafíos económicos.
La coexistencia de grandes carnívoros como los lobos europeos con los humanos, especialmente en zonas rurales poco pobladas, conlleva un considerable potencial de conflicto. Durante la mayor densidad de población rural del continente y la intensa gestión del territorio de los siglos XVIII y XIX, los lobos fueron expulsados de la mayor parte de Europa a excepción de extensas cadenas montañosas (Alpes orientales, Pirineos, Cárpatos) y las zonas más septentrionales de Escandinavia y Finlandia quedaron poblaciones más pequeñas y fragmentadas.
Con la posterior urbanización, intensificación agrícola y expansión forestal y la consiguiente reducción de la población rural, coincidiendo con el aumento de las políticas de protección de la naturaleza desde principios de la década de 1970, los lobos comenzaron a recuperarse en número y también a expandirse a áreas donde habían estado ausentes durante siglos, un proceso que aún se encuentra en curso.
Este proceso sin duda ha mostrado efectos positivos como la preservación de la especie y su diversidad genética, cierto control sobre algunas especies de vida silvestre con densidades excesivas, así como el turismo relacionado con el lobo.
Por otro lado, este cambio rápido e intensivo ha creado muchas dudas en las comunidades rurales que viven en el interior de la UE en relación con:
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- Impacto en los Medios de Vida
La recuperación de la población de lobos ha planteado desafíos para los medios de vida de las comunidades rurales, especialmente para la ganadería extensiva. El riesgo de ataques a ganado por parte de los lobos ha generado preocupación entre los ganaderos, lo que a su vez ha llevado a debates sobre la compensación y medidas de protección.
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- Seguridad Personal
La seguridad personal, especialmente la de los niños que viven en estas áreas rurales, se ha convertido en una preocupación. La presencia de lobos en las cercanías de las comunidades ha aumentado el temor a encuentros peligrosos.
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- Acceso Seguro a la Naturaleza/Bosques
El acceso seguro a la naturaleza y los bosques se ha vuelto un tema importante tanto para los residentes locales como para los visitantes. La preocupación por los encuentros con lobos en áreas de recreación ha llevado a discusiones sobre la gestión de estos espacios.
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- Desigualdades en la distribución geográfica de los costes de conservación
La financiación de políticas de protección de la biodiversidad recae desproporcionadamente en una minoría de la sociedad rural. Esto ha generado tensiones, ya que numerosas regiones rurales con altos porcentajes de bosques/montañas se caracterizan por un bajo PIB por unidad de superficie (km2), lo que dificulta su capacidad para contribuir a la conservación.
Mientras que en los países donde los lobos no desaparecieron, el control de la población mediante la caza se ha mantenido en la mayoría de los casos hasta hoy, en otros donde los lobos apenas estaban presentes o no lo estaban, su eventual presencia estaba sujeta a protección individual. Además, la presión de la Comisión de la UE para restringir la caza en los principales países con presencia significativa de esta especie ha aumentado en los últimos años, creando, junto con el frecuente acceso de las ONG ecologistas a la justicia, problemas cada vez mayores para la caza de lobos, paradójicamente en una época de expansión única en número y área. Muchos gobiernos, a pesar de muchas resistencias, han acabado recurriendo a la protección individual para evitar inacabables y tediosos procesos judiciales. Una situación relativamente similar se puede observar en el caso de los osos.
En cualquier caso, cabe recordar que la demanda de caza por parte de la población local en las zonas loberas no proviene de cazadores de trofeos sino de la población local -frecuentemente también ganadera- interesada en mantener la población de lobos en un umbral razonable.
En este contexto, debe recordarse la perversidad de la política de bloqueo (“lock in policies)» aplicada a las especies protegidas. Ciertos especialistas identifican una determinada especie como amenazada a través de procesos poco transparentes y endogámicos, ya sea a nivel nacional, regional o global, sin identificar umbrales concretos ex-ante de la población adecuada para un área determinada que incluyan tanto un mínimo para garantizar la preservación de la especie como la máxima recomendable para evitar daños relacionados con la sobrepoblación.
Como consecuencia de la presión de las ONG ecologistas, finalmente la especie se protege individualmente y además se establecen medidas para mejorar su hábitat, translocación desde otras áreas, vigilancia, etc.
En muchos casos, como resultado de políticas consistentes, la población mejora alcanzando umbrales excesivos críticos evidentes -p.e., en la Península Ibérica el caso del buitre-, pero resulta prácticamente imposible ajustar el estatus de protección de cualquier especie a la evolución concreta de su población, incluso si se logra un aumento evidente de su población tanto en extensión como en superficie. De hecho, de nuevo en el caso de la Península Ibérica, las poblaciones de lobos se han multiplicado entre 5 y 10 desde que en los años 70 se inició su protección y se recuperan también en superficie. A pesar de ello y debido a la presión de la Comisión Europea y de las ONG ecologistas, la caza en las zonas centrales del lobo (norte del Duero) ha sido prohibida en 2021 por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, generando un gran debate social en el que prácticamente todos los actores y partes implicadas, incluidos los gobiernos regionales de las zonas afectadas, que coinciden en criticar esta medida.
La perversidad de las políticas de “lock in” es un proceso bien conocido que obstaculiza políticas de protección ágiles, dinámicas y adaptables cuando es necesario, ya que muchos países p.e. en el marco de CITES, son reacios a aceptar la inclusión de una determinada especie en los anexos, ya que prácticamente ninguna especie, incluso si mejora significativamente, se modifica posteriormente su clasificación a la baja. La protección individual se convierte en un juego de poder en lugar de una medida de “última ratio” distrayendo la atención de lo prioritario (estado de los hábitats) a la preservación de los individuos obviando la naturaleza necesariamente dinámica de las poblaciones.
Por último, preservar especies icónicas como el lobo tiene costes considerables que recaen desproporcionadamente en una pequeña minoría del conjunto de población de la UE. Este es un aspecto importante ya que la financiación de las políticas de biodiversidad se considera, aplicando el principio de subsidiariedad, una competencia nacional a pesar de estar muy condicionada por las políticas de la UE.
Si consideramos que la fuente del gasto público es el PIB, las regiones rurales poco pobladas muestran un PIB/km2 muy bajo. Por ejemplo, Extremadura, una región española de alta biodiversidad, muestra un PIB/km2 de bosques 312 veces menor que el de los Países Bajos, un país que tradicionalmente exige altos estándares de protección de la biodiversidad a pesar de que sus costes los soportan países o regiones mucho más pobres (Bulgaria, Rumania). Incluso en España, la relación se sitúa en 1:71 entre Extremadura y Madrid.
Esta disfunción distributiva debe abordarse claramente ya que, en el caso contrario, las políticas de biodiversidad no hacen más que acelerar el colapso rural que comporta grandes desventajas y desafíos como incendios forestales, pérdida de biodiversidad, pérdidas culturales materiales e inmateriales, pérdida de oportunidades para la bioeconomía rompiendo además el principio constitucional de igualdad de condiciones de vida independientemente de dónde elijan vivir o procedan las ciudadanos, etc.
Por ello, el argumento clave es la injusticia espacial que endosa a la parte más débil de la sociedad que preserva nuestros pulmones verdes los costes de la biodiversidad por el bien de la mayoría población urbana que mira hacia otro lado cuando la factura llega a la mesa. Finalmente, crea oportunidades para que los actores políticos extremos instrumentalicen esta tensión para sus intereses debido al pobre liderazgo de los actores públicos responsables especialmente a escala europea y de los estados.
