La conservación de la naturaleza y el pensamiento Alicia

Portada de “Alicia en el País de las Maravillas” de Lewis Carroll (publicado en 1865), con ilustraciones de John Tenniel

La libertad de expresión es un derecho constitucional que nos permite opinar más allá de nuestros conocimientos y experiencia sin más freno que el de no pisotear los derechos de los demás. Si las opiniones además están avaladas por la “comunidad científica” la sentencia se convierte en verdad absoluta que no permite discusión alguna.  Sus opiniones trascienden y se transforman en dictámenes con los que la sociedad comulga y que los poderes públicos asumen como suyos. Y ahí llega el problema, porque acaban guiando sus decisiones. De nada sirve que los científicos poco o nada tengan que ver con el asunto discutido, son científicos.  Tampoco que dicha comunidad rara vez hable con una sola voz.

Si el tema a debate versa sobre cuestiones de la Naturaleza y, en particular, sobre su protección o la de alguno de sus recursos, el discurso trasciende el ámbito del conocimiento y el saber para adentrarse peligrosamente en el de los sentimientos. Es cuando estalla el “pensamiento Alicia”. Porque el amor a la naturaleza practicado por la población, mayoritariamente urbana, es un amor supremo, indiscutible, maniqueo, no admite matices. O todo o nada.

El pensamiento Alicia actúa acríticamente, encubre la realidad en lugar de analizarla. Y así, prescindiendo de unos expertos que hace más de siglo y medio empezaron a racionalizar el uso de los recursos naturales, de unos años a esta parte se prohíbe casi todo lo que tiene que ver con su aprovechamiento y se acepta poco más que el disfrute de su contemplación.

El mensaje es sencillo: la naturaleza es sabia, ella sola se regula, no tenemos derecho a “explotarla”. En el medio urbano esta sentencia gana adeptos a velocidad vertiginosa. ¿Cómo no abrazar iniciativas que promueven incluir un determinado paraje en un Parque Nacional, eliminar la caza en general y la del lobo en particular, prohibir las “talas” en montes recónditos de la España vaciada o frenar la expansión del eucalipto? De no hacerlo se corre el riesgo de ser tachado de desaprensivo e insensible cuando no de fascista.

Hablar de naturaleza es como hablar de futbol. No es que todos podamos, faltaría más, es que todos pensamos que sabemos. De esta forma, al igual que cualquiera se siente cualificado para criticar de pésima la alineación del “míster”, todos nos creemos competentes para opinar sobre la naturaleza, en particular cuando se trata de iniciativas que aparentemente atentan contra ella. Y al grito de “SOS paremos esto o aquello” se suspenden proyectos de ordenación de montes, que regulan de forma científica y contrastada el monte y el aprovechamiento de los productos forestales para beneficio de la sociedad y de sus propietarios; se prohíbe la caza pero se admite el control de poblaciones, poco importa que el resultado sea el mismo, matar animales; se declaran o amplían parques nacionales sin rigor ni argumentos o se legisla contra la expansión de una especie por el simple hecho de ser alóctona cuando no se la condena al averno del Catálogo de especies invasoras. El racismo imperante en lo que concierne a la naturaleza alcanza cotas inadmisibles de aplicarse al género humano.

Rara vez se analizan las repercusiones sociales y económicas de cada una de estas medidas pese a que deberían ser adecuadamente consideradas en plano de igualdad a las ambientales. De eso va el desarrollo sostenible. Y desde luego, deben evitarse sentimentalismos que en nada contribuyen al bien común y escapan a cualquier análisis objetivo que facilite adoptar decisiones racionales.

Paralizar las cortas de madera en zonas sujetas a un proyecto de ordenación aplicado durante décadas con más que buenos resultados nos ha permitido dar el salto desde el  empirismo a la ciencia. Gestión adaptativa tras ensayos, observaciones y corrección de errores, cuando los hubo, han consolidado modelos de selvicultura y aprovechamiento forestal ordenados y que han generado bosques ricos en biodiversidad, resilientes y productivos. Las recientes denuncias por las cortas en el Pinar de los Belgas (Madrid) o en la Vega del Tajo (Teruel) son dos buenos ejemplos de ello. Sujetos a proyecto de ordenación desde hace más de medio siglo, ambos ostentan la condición de espacio protegido. ¿Qué mejor evidencia de la compatibilidad y equilibrio entre la conservación y la producción? Ello no fue óbice para que un nutrido número de científicos, casi todos ajenos a la ciencia forestal, firmaran a favor de la paralización de unas cortas que, para alentar la idea, tanto el mundo conservacionista como el mediático calificaron de “talas masivas” ¿quién es el guapo que no se opone a ellas? Así calificadas, y si de verdad lo fueran, también yo me opongo a ellas.

La moratoria a la plantación de eucaliptos en el Plan Forestal de Galicia es otro ejemplo más del sometimiento de la política al pensamiento Alicia. No discuto si la decisión es buena o mala pero sí el que no se hayan dado argumentos sólidos y claros, porque los hay. Puedo entender e incluso compartir que no se debe “eucaliptizar” una región de España por cuanto estas plantaciones llevan a que algunos de los servicios ecosistémicos de los montes se resientan. Pero habrá que aportar alternativas económicamente viables a propietarios forestales cuyas fincas apenas superan unos metros cuadrados. Deberá también analizarse las repercusiones en nuestra balanza comercial de madera así como el papel que juega la especie como sumidero de CO2. Pero lo que no comparto es su criminalización ni que la tachen de “árbol gasolina”. Que Galicia concentre una parte importante de los incendios en España nada tiene que ver con la mayor o menor presencia del eucalipto, las cifras evidencian que no son las zonas con estas plantaciones las que más arden. El problema es de raíz sociológica y es probable que de ordenación territorial, pero no ambiental.

Otro de los temas en donde más se acusa el pensamiento acrítico, infantil y poco riguroso es en la declaración de espacios protegidos. Se han declarado con una alegría que podríamos calificar de ingenua y, desde luego, rara vez a instancias de la población del entorno. Solo así se explica que de 1985 a 1990 se pasara de unas 200.000 a más de 2 millones y medio de ha (La restauración forestal en España: 75 años de una ilusión, 2017, p 328). La Directiva Hábitats, y con ella la configuración de la Red Natura, supuso otro impulso sin precedentes a otorgar el estatus de protegido al territorio. Si en esos 5 años multiplicamos por 10 la superficie protegida, los últimos 30 no se han quedado a la zaga, pues hoy disfrutamos de más de 17 millones de ha protegidas (Perfil Ambiental de España, 2019). Pese a su implantación en nuestro territorio, en 2018 el 78% de la población española consultada jamás había oído hablar de esta Red. Con estos porcentajes mal se puede calificar esta política de participativa. La vuelta de tuerca en lo relativo a espacios protegidos la representan los Parques Nacionales. Dejando al margen que son pocos los ciudadanos capaces de distinguir un parque nacional de uno natural o regional, los motivos por los que un espacio pasa a ser distinguido con la máxima categoría son las más de las veces desoladores por poco rigurosos. Valga de ejemplo el último de la lista, la Sierra de las Nieves. En la Propuesta de Declaración remitida por la comunidad autónoma promotora, todos los objetivos que supuestamente se pretenden alcanzar con tal declaración, los 15, se logran sin ninguna duda con la figura de parque natural que ha tenido hasta la fecha. El sumun del despropósito lo representa el que alude a “favorecer la mejor adaptación del territorio al cambio climático”. ¿De verdad alguien cree que este espacio se adaptará mejor al cambio climático con la nueva figura? Porque el argumento es todo menos riguroso y científico. Su única justificación, y bienvenida sea, es que aportará a la Red un tipo de formaciones no representado, los pinsapares. Como dato curioso, en 2017, estando de visita en este espacio, se votó en el pleno de uno de los ayuntamientos si estaban a favor de la declaración del parque nacional y la pregunta que vino a mi cabeza fue ¿no han sido ellos los promotores de la iniciativa? Si alguna política pública se puede calificar de top-down indudablemente es esta. Las hemerotecas están llenas de evidencias de esta realidad (PN de Cabañeros, ampliación del PN de Covadonga, PN del Guadarrama, …). No discuto la figura, bien está que existan parques nacionales –aunque creo que en este caso es bueno recordar que “todo lo que se exagera se deteriora” –, pero sí reclamo rigor, sentido común y participación y consenso de la población afectada en su declaración.

Pero si hay algún tema en el que los sentimientos se superponen a cualquier otra consideración es el de la caza, por la conmoción que supone matar seres vivos, sobre todo si son grandes mamíferos, como nosotros. Somos una generación que oculta la muerte, que vive de espaldas a ella pese a ser la única circunstancia que, tarde o temprano, compartiremos todos seres vivos. El posicionamiento en contra se apoya en un argumento que parece difícil rebatir  ¿cómo se puede disfrutar matando a un animal?  No soy cazadora y puede que sea animalista de corazón, aunque intento equilibrarlo con algo de razón. Porque, citando a Ortega, al cazador no le importa lo que caza, lo que le importa es estar cazando. Es un modo de felicidad ligada a revivir nuestro dormido instinto de supervivencia, al esfuerzo, al contacto con la naturaleza; sentimientos que sí puedo entender. Si a la caza se une la figura del lobo, especie emblemática y controvertida por excelencia, el coctel resulta explosivo. Lo hemos vivido recientemente. La intención de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial respondía a una solicitud de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo ibérico (ASCEL). Se pidió informe al Comité Científico de Flora y Fauna Silvestres, órgano asesor del Ministerio. Y el Comité se pronunció a favor por su indudable valor cultural y evidente papel ecológico pese a aceptarse que el tamaño de su población es muy superior al de hace 50 años. Desde el punto de vista ambiental nada justificaba tal decisión. Argumentos de esa naturaleza llevarían, en el límite, a incluir en dicho Listado al toro bravo por su indiscutible valor cultural y su imprescindible papel en la dinámica de la dehesa.  También en este caso hubo pronunciamiento público de científicos, de diferentes ámbitos, pero ninguno especialista en la gestión del medio natural. La noticia saltó a los medios formulada de tal forma que era difícil posicionarse en contra salvo que fueras ganadero: “La caza del lobo estará prohibida en toda España”. El desconocimiento de la especie es tal que es probable que muchos se preguntaran ¿pero estaba permitida? El lobo cuenta, en cada CA en la que esté presente con niveles de población viables, las situadas al norte del Duero, con un plan de gestión que establece las directrices y medidas a adoptar para su conservación. A su amparo se regula el control de sus poblaciones al objeto de que no superen niveles que pondrían en peligro a la sociedad e impedirían determinadas actividades incompatibles con su presencia, tal es el caso de la ganadería extensiva. Prohibir su caza implicará recurrir a terceros, no cazadores sensu stricto, para mantener un nivel sostenible de manadas de forma que lo que hoy genera ingresos a los ayuntamientos mañana supondrá un gasto para la administración autonómica. Pero habrá que seguir matando lobos, y eso se esconde.  En definitiva, un problema, y el lobo siempre lo es, en el que había consenso y gozaba de un cierto equilibrio, frágil pero equilibrio, ha derivado en un enfrentamiento innecesario entre el mundo rural, la España vaciada, y una población urbana respaldada por parte de una comunidad científica que apenas han visto un lobo más allá de los reportajes en la segunda cadena de televisión.

Hoy más que nunca la opinión pública es quien gobierna y decide. Y nunca antes hemos estado más informados de lo que se hace y dónde se hace. Información y opinión, que no conocimiento, viajan a velocidad vertiginosa, poco importa quién las genera y cuán fundamentadas están. Y puesto que todo lo que atañe a la gestión de los recursos naturales está a la vista de todos es importante conocer esa opinión y, lo que es más trascendente, saber cómo los ingenieros de montes y los ingenieros forestales pueden incorporar a ella su visión.

Entre los 10 puntos que menciona el decálogo de la “Manipulación de la opinión pública“, algunos de ellos encajan en estas reflexiones: “apelar a los sentimientos más que a la razón”, “infantilizar al público”,  “distraerle”, “crear problemas” para después ofrecer soluciones que se aplicarán “gradualmente” y en “diferido” o “reforzar la autoculpabilidad”. Los casos mencionados son el paradigma de estas maniobras. De los “polvos” de una educación ambiental tergiversada y maniquea, han llegado los “lodos” de una sociedad que asume como cierta una imagen idílica de la naturaleza, virginal, en donde no tiene cabida el ser humano. Como muy acertadamente señalaba un compañero, la imagen que se trasmite desde hace más de 40 años en los libros escolares es la de la naturaleza el 5º día de la creación, como si Dios se hubiera equivocado en el 6º con su última obra. Pero, para bien o para mal, aquí estamos. La sociedad no es ajena a nada de lo que acaece en la naturaleza y, aunque no lo sepa, sigue necesitando de todos sus recursos para su supervivencia y su bienestar.

Planeta, Personas, Prosperidad, Paz y Alianzas son los ejes centrales de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y para su cumplimiento la Unión Europea promueve iniciativas como las Estrategias de Biodiversidad, la Forestal, la de Bioeconomía o la de Economía Circular. Pero si el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, responsable de ponerlas en marcha,  realmente quiere hacer honor a su nombre y hacerlas realidad debe asumir que la lucha contra el cambio climático o el reto de no vaciar de forma irreversible la España rural, el auténtico desarrollo sostenible, pasa por promover una visión más equilibrada de la naturaleza y del uso de sus recursos. Porque si permite o incluso promueve que domine el pensamiento Alicia en estos asuntos, vamos por mal camino.

Acerca de Inés González Doncel

Vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes
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