La libertad de expresión es un derecho constitucional que nos permite opinar más allá de nuestros conocimientos y experiencia sin más freno que el de no pisotear los derechos de los demás. Si las opiniones además están avaladas por la “comunidad científica” la sentencia se convierte en verdad absoluta que no permite discusión alguna. Sus opiniones trascienden y se transforman en dictámenes con los que la sociedad comulga y que los poderes públicos asumen como suyos. Y ahí llega el problema, porque acaban guiando sus decisiones. De nada sirve que los científicos poco o nada tengan que ver con el asunto discutido, son científicos. Tampoco que dicha comunidad rara vez hable con una sola voz.
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