Señoras y señores miembros de la Comisión,
En primer lugar, desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes queremos transmitir nuestra felicitación por la elaboración de esta Ley de Montes de Andalucía, en concreto por los objetivos que persigue. Valoramos profundamente la amplia participación sectorial y social que ha acompañado su tramitación; el dialogo e intercambio de perspectivas es imprescindible para garantizar una política forestal sólida y eficaz.
También nuestro agradecimiento, por recoger parte de nuestras aportaciones que como profesionales en la materia hemos trasladado para su mejora con el objetivo finalista de que realmente esta nueva Ley de Montes de Andalucía sea un instrumento para la gestión del territorio, para mejorar la resiliencia de los montes y para impulsar la bioeconomía y el desarrollo rural. Agradecemos también, que el texto legal contemple mecanismos que permitan convenios y acuerdos con organizaciones y entidades del ámbito de actuación incluyendo como no podía ser de otra manera a los colegios profesionales que representan las titulaciones forestales universitarias. Aprovecho para solicitar apoyo e impulso a las escuelas andaluzas donde se imparten estudios y de grado y máster habilitante para ejercer profesiones esenciales, con una empleabilidad prácticamente plena que resulta imprescindible visibilizar ante la sociedad y, en especial, entre los jóvenes, como salida profesional estratégica para afrontar los retos que esta ley recoge.
Andalucía cuenta con una superficie forestal de casi 4,4 millones de hectáreas, lo que representa aproximadamente algo más del 51 % del territorio de la comunidad autónoma. Este dato refleja el valor estratégico de los montes andaluces, no solo por su extensión, sino por la diversidad de ecosistemas que albergan y de servicios que nos proveen.
El proyecto de Ley incorpora importantes novedades que valoramos positivamente, y que deseamos lleguen a buen término, como la modernización y simplificación administrativa, la creación de herramientas tecnológicas y digitales, sin las cuales no será posible avanzar hacia una gestión forestal eficaz, transparente y basada en los datos y el conocimiento, ni responder con agilidad a los retos actuales del territorio, la planificación forestal y el seguimiento de las actuaciones.
Es también relevante que la Ley contemple mecanismos de financiación, y adecue el marco específico para hacer que la gestión forestal en superficies privadas, que representa aproximadamente el 70 % del territorio forestal andaluz, sea viable y no derive en el abandono por falta de oportunidades.
La Ley reconoce la importancia de los aprovechamientos forestales, tanto madereros como no madereros —madera, corcho, pastos, setas, caza, biomasa y otros recursos—. Déjenme que puntualice que estos aprovechamientos forestales son parte de los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento y que se deben movilizar y poner en valor de forma más decidida, mostrando el apoyo a las empresas e industrias de las diferentes cadenas de valor. Además, apoyamos la iniciativa de facilitar la posibilidad de valorizar económicamente los otros servicios como los de regulación o recreo/culturales. Esta complementariedad, con su diferenciación, es clave para valorar de forma integral la multifuncionalidad de los montes andaluces.
Entre las herramientas esenciales para garantizar la sostenibilidad y la puesta en valor de dichos recursos y servicios destaca la certificación forestal, que asegura transparencia, responsabilidad y sostenibilidad en la gestión, tal como recoge la Estrategia Forestal Española y la Ley de Montes estatal. Esta ley debe impulsar y apoyar de forma decidida este tipo de mecanismos sin lugar a duda.
La nueva normativa, en línea con las prioridades marcadas por el Plan Forestal Andaluz 2030, amplía la colaboración entre administraciones, impulsa la investigación y transferencia tecnológica, y promueve la formación de profesionales, condiciones necesarias para afrontar, con personal cualificado en todos los niveles, los desafíos actuales vinculados al cambio climático, la prevención de incendios forestales, la restauración de espacios degradados y el impulso decidido por la bioeconomía. En este contexto, la gestión activa de los montes se convierte en una herramienta clave para reducir la incidencia y la intensidad de los incendios forestales, así como de las plagas y otras afecciones, transformando lo que es hoy un gran riesgo en una oportunidad para generar recursos, mejorar la resiliencia de los ecosistemas y fomentar usos sostenibles del territorio.
La educación, la comunicación y la divulgación forestal deben estar bien dotadas y estructuradas, desgraciadamente hemos llegado al punto de tener que subrayar que esto es imprescindible; consideramos que sería oportuno explorar la integración de contenidos forestales dentro de los programas de educación ambiental y reglada, de manera que estén plenamente alineados y refuercen dentro de la conciencia ambiental, la valorización de los recursos naturales y la cultura del territorio.
Las leyes autonómicas deben constituir el vehículo más próximo al territorio, conocedor de sus realidades específicas y de sus singularidades ambientales, sociales y económicas, y por ello desempeñan un papel clave para facilitar la correcta aplicación y el cumplimiento efectivo de la legislación nacional y europea, especialmente en materias estratégicas como la bioeconomía, la conservación de la biodiversidad, la restauración de ecosistemas, la lucha contra la deforestación y la adaptación al cambio climático. En este sentido, la normativa autonómica debe traducir estos objetivos estratégicos generales en instrumentos operativos y eficaces, adaptados a la diversidad territorial y orientados a una gestión forestal activa, sostenible y coherente con las políticas públicas vigentes, avanzando decididamente hacia el objetivo de que la totalidad de los montes andaluces cuenten con instrumentos de planificación y de gestión. Los datos del último Anuario Forestal Nacional muestran que Andalucía, aunque se sitúa en la media nacional con aproximadamente un 30 % de montes ordenados, presenta todavía un amplio margen de mejora si se compara con el contexto europeo, donde, según la reciente publicación de la FAO, cerca del 96 % de los montes disponen de instrumentos de planificación, lo que marca con claridad el camino a seguir.
Esperamos que esta Ley sea fructífera y sirva como verdadera herramienta de gestión. Su éxito se medirá por su persistencia en el tiempo, porque los turnos forestales se cuentan en décadas y no en legislaturas. Solo así podremos garantizar la resiliencia, la productividad y la sostenibilidad, en definitiva, de los montes andaluces, extendidos por más de media Andalucía, fuente de servicios para todos los ciudadanos, generadores de empleo en las áreas rurales y disfrutados por todos los andaluces.
En conclusión, desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes reiteramos nuestro compromiso con la conservación de nuestros montes a través de la gestión forestal, la cual no se entiende sin ser activa y sostenible, y agradecemos la oportunidad de acompañar y contribuir activamente en la implementación de esta Ley.
Muchas gracias.
Arantza Pérez Oleaga
Vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes.
VIDEO COMPLETO DE LA INTERVENCIÓN (desde 01 hora, 16 minutos)
