Según el documento preliminar de la Estrategia Española de Bioconomía Horizonte 2030, impulsado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad (de julio de 2015) la bioeconomía es, en el marco de esta Estrategia, el conjunto de las actividades económicas que obtienen productos y servicios, generando valor económico, utilizando como elementos fundamentales los recursos biológicos. Su objetivo es la producción y comercialización de alimentos, así como productos forestales, bioproductos y bioenergía, obtenidos mediante transformaciones físicas, químicas, bioquímicas o biológicas de la materia orgánica no destinada al consumo humano o animal y que impliquen procesos respetuosos con el medio, así como el desarrollo de los entornos rurales.
Como puede comprobarse, en la Estrategia propuesta para España, aparecen inmediatamente las palabras productos forestales y desarrollo rural. Si en un primer grupo de actividades importantes aparece la producción de alimentos, de manera respetuosa con el medio ambiente, eficiente y competitiva, inmediatamente aparece un segundo grupo dedicado a la producción forestal y sus derivados y otras fuentes de biomasa.
Las actividades relacionadas con la bioeconomía tienen como característica esencial desarrollarse en los lugares en los que se genera la materia orgánica: las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, las empresas agroalimentarias, los entornos costeros y los centros de gestión de residuos. Por tanto, la bioeconomía traerá consigo nuevas actividades económicas para impulsar el desarrollo en el medio rural y la interacción entre las áreas rurales y las urbanas. En paralelo surgirán empresas proveedoras de nuevos servicios para estas nuevas actividades, tanto en el ámbito de la producción y comercialización como en el de la garantía de la sostenibilidad.
Sin embargo, la Estrategia no establece en sus objetivos estratégicos u operativos ninguna acción encaminada a otra cosa que no sea fomentar la mejora del conocimiento, investigación o divulgación de dicho conocimiento, sin plantearse objetivos de promoción directa de los mercados o los procesos, que seguramente no sea el objeto de una estrategia elaborada por esa Secretaría de Estado.
Quedémonos, no obstante, con la definición de la bioeconomía en su parte forestal: obtención de productos forestales, de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente, que conlleva un desarrollo rural. La expresión desarrollo rural hace referencia a acciones e iniciativas llevadas a cabo para mejorar la calidad de vida de las comunidades no urbanas. Según la Ley 45/2007 de 13 de diciembre para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural (LDSMR), Medio rural es el espacio geográfico formado por la agregación de municipios o entidades locales menores con población inferior a 30.000 habitantes y densidad inferior a 100 habitantes por km2, y Municipio rural de pequeño tamaño es aquel que presenta una población inferior a 5.000 habitantes. Según esta definición, España presenta un 90% de su territorio en medio rural y en él reside menos del 20% de la población. Según el censo de 2015, la distribución de municipios en España por tamaño de población muestra que 4.929 municipios (el 61% del total de municipios españoles) presentan menos de 1.000 habitantes (y 3.897 menos de 500, el 48%)
Las características fundamentales del medio rural en España son:
- La población rural muestra una evolución demográfica dual en la última década: pierden población los municipios pequeños (- 0,3 %), mientras que los de mayor tamaño la aumentan (13,3%). De manera agregada, el medio rural aumenta su población un 0,47%.
- La densidad de población media en el entorno rural es muy baja (18 hab/km2 en municipios pequeños y 50 hab/km2 en los mayores).
- Presenta una población envejecida (tasas de 32% en municipios pequeños y de 18% en los de mayor tamaño). Asturias y Galicia son las Comunidades más envejecidas y que pierden más población. Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha son las que tienen una densidad media inferior.
- La brecha digital entre zonas urbanas y rurales disminuye (teléfono móvil), aunque se mantiene e inclusive aumenta en otros capítulos como en el uso de conexiones ADSL.
- El nivel de actividad agrícola es mayor en municipios pequeños (27%) que en los de mayor tamaño (17%).
Además, el medio rural presenta un creciente despoblamiento, que se manifiesta en que el 59% de los municipios de España han perdido población entre 1999 y 2015 de los que el 42% tiene densidades por debajo de 10 hab/km2.
Por tanto, uno de los mayores impedimentos para el desarrollo rural es el despoblamiento, unido al envejecimiento, que vienen ligados a la falta de oportunidades de trabajo atractivo y adecuadamente remunerado que sirva para la fijación de la población, y a la ausencia de infraestructuras (asistenciales, sanitarias, de comunicación, etc.) que proporcionen una buena calidad de vida.
El empleo ligado a la actividad forestal, además de contribuir a la bioeconomía, favorecerá la fijación de la población al medio rural, en sentido amplio, porque la desaparición de numerosos pueblos que ahora están por debajo de los 100 habitantes es algo prácticamente inevitable.
¿Qué grado de inversión hace falta para crear un número determinado de puestos de trabajo en el medio rural? Las cifras se pueden sacar de las inversiones realizadas con motivo de las Actuaciones realizadas al amparo del Real Decreto 9/2008 de creación de un Fondo Especial del Estado para la dinamización de la Economía y el empleo, el conocido como PlanE. Fue un conjunto de más de un centenar de medidas de política económica planteadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en noviembre de 2008 y desarrolladas a lo largo de aquella legislatura. Su objetivo fue el de impulsar la actividad económica del país, movilizando grandes cantidades de dinero público, para hacer frente a la crisis económica originada tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y financiera global en 2007. La primera parte del plan E inyectó 7.836 millones de euros, y la segunda hasta 5.000 más. Los más de 30.000 proyectos del fondo inyectaron una gran cantidad de dinero sobre todo a los ayuntamientos, y permitieron ocupar a más de 410.000 personas aunque con contratos de muy corta duración y en proyectos con poco valor añadido, ya que la premura con que se puso en marcha, obligó a los ayuntamientos a planear inversiones con poco más de un mes de plazo y muy poca visión estratégica, con poco o ningún sentido de inversión en creación o mejora de condiciones productivas, sino más bien coyuntural.
No obstante, en el medio forestal sí pudo considerarse que en lo que se intervino fue en una mejora de las condiciones productivas de los sistemas forestales que redundó en una mejora de las condiciones productivas de los montes en un plazo medio.
Como el volumen de trabajo que se realizó en el medio forestal fue muy importante, de las cifras globales de aquellas labores, consultados diferentes expertos en actuaciones en el medio natural forestal, se pueden proponer los siguientes valores en términos de empleo:
El empleo equivalente se calcula a partir del número de jornales empleados en la actuación dividido por el número de jornadas en un año (se ha empleado la cifra de 214,5 jornadas/año). Las cifras que se presentan se refieren a empleos directos en la actuación, sin contar empleos relacionados con la gestión del personal o de la actuación, ni con empleos relacionados con suministros o consumos adicionales. En los casos de la defensa contra incendios, el primero se trata de actuaciones con fuerte carga manual en la creación y conservación de las infraestructuras de defensa.
Es muy destacable que en infraestructuras viarias solo puede generarse del orden la mitad de empleos que en tratamientos selvícolas por cada millón de euros invertido.
En definitiva, que por cada millón de euros invertido en el medio forestal, pueden crearse, según la tipología de los trabajos, entre 15 y 30 empleos equivalentes (entre 3.215 y 6.435 jornales) en trabajos típicamente forestales (tratamientos selvícolas, repoblaciones, mantenimiento de cortafuegos y áreas cortafuegos, etc.).
La superficie forestal española (en hectáreas), según el Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3), era la siguiente:
O sea, que España tiene cerca de 15 millones de hectáreas con arbolado que presenta una fracción de cabida cubierta de, al menos, el 20%.
Háganse las siguientes hipótesis:
- que una hectárea de tratamientos selvícolas puede costar alrededor de 1.700,00 € a 2.300,00 €, como media
- que una selvicultura tradicional aconseja, el menos, el tratamiento anual del 1,5% al 2,5% de la superficie arbolada accesible
Si se considera que de la superficie forestal arbolada (según el IFN3), al menos el 50% puede ser accesible para realizar trabajos forestales (descontando pequeñas propiedades privadas, zonas en fuertes pendientes, zonas con restricciones de carácter legal, etc.), esto dejaría unos 7,5 millones de hectáreas. Y el 2% de esta superficie correspondería con unas 150.000 hectáreas a tratar anualmente. Si se hicieran tratamientos selvícolas a razón de 2.000,00 €/ha, cifra que puede considerarse modesta, esto supondría una inversión anual de casi 300 millones de euros, lo que se traduciría entre 7.500 y 9.000 puestos de trabajos equivalentes (entre 1.608.750 y 1.930.500 jornales).
En el caso de la selvicultura preventiva, si se considera la hipótesis de que una densidad media de estructuras de defensa contra incendios a mantener o crear puede ser del orden de 0,75 ha de infraestructura de defensa contra incendios por cada 100 hectáreas forestales y que deben mantenerse cada 4 ó 5 años, esto supone, al año una intervención sobre más de 50.000 ha de infraestructuras de defensa contra incendios en todo España. Si se considera un coste modesto de mantenimiento de estas infraestructuras de unos 250 €/ha, por conservación mecanizada de las mismas, la inversión anual rondaría los 12.500.000,00 €, lo que se traduciría en unos 65 empleos equivalentes anuales, unos 14.000 jornales al año. En el caso de que los cortafuegos fuesen manuales, la inversión anual en su conservación se dispararía hasta los 3.000,00 a 3.500,00 €/ha, y eso supondría de 5.400 a 6.300 empleos equivalentes al año, aproximadamente (entre 1.158.000 y 1.352.000 jornales).
En el año 2013 se repoblaron en España (datos del Anuario de Estadística Agraria) más de 13.500 ha, sobre todo en Castilla y León (casi la mitad), Extremadura, País Vasco, Principado de Asturias y Andalucía. En 2012 fueron 15.300 ha; en 2011, 21.400 ha; y en 2010, 20.500 ha. Si se mantiene esta cifra de 13.500 ha de repoblación anual, y suponiendo un coste de repoblación (preparación del terreno, actuaciones sobre la vegetación preexistente, plantación y cuidados posteriores) de alrededor de 4.250,00 €/ha, esto supone una inversión anual de 57.375.000 €, lo que se puede traducir en alrededor de 1.300 empleos equivalentes (unos 279.000 jornales anuales).
Todo esto puede suponer del orden de unos 10.000 empleos equivalentes al año ó más de dos millones de jornales cada año, en el sector de la Agricultura, compatible con otros trabajos en el medio agrario.
Y todo lo anterior sin contar otros trabajos forestales de restauración del medio natural u otros, que se concentrarían preferentemente en los casi 9 millones de hectáreas forestales desarboladas que ofrece el IFN3; y sin tener en cuenta en este cómputo, tampoco, los empleos indirectos.
Hay que tener en cuenta que una parte de las actuaciones que se proponen (tratamientos selvícolas) podrían ser autofinanciados, por lo que no supondría, necesariamente, una inversión de las arcas públicas.
Además, disminuirían las listas de trabajadores parados (la principal preocupación de los españoles, que nunca ha bajado del 68% en los barómetros del C.I.S. que miden el estado de la opinión pública en España, desde mayo de 1985), con el beneficio para la economía de las zonas en las que se daría ese trabajo forestal, las zonas rurales, tradicionalmente ajenas a las grandes entradas de dinero, beneficio que pondría también la disminución de la presión deficitaria sobre las arcas públicas españolas (que dejarían de pagar el subsidio por desempleo), además de que se incrementaría el número de personas a cotizar a la Seguridad Social (el aporte a las arcas de la Seguridad Social podría rondar entre los 45 y los 55 millones de € anuales), y, en la parte ambiental, se disminuiría el riesgo estructural de incendio forestal, se mejorarían las condiciones de vegetación de las masas forestales y su capacidad para soportar episodios adversos climáticos y potenciales ataques de plagas, y se mejoraría la estructura forestal beneficiándose de ello la fauna, produciéndose el desarrollo de determinados hábitats y mejorando su estado de conservación, incrementándose la capacidad de absorción de CO2 atmosférico en plazos medios y largos, y generándose productos forestales que potenciarían la actividad económica de un sector industrial forestal cada vez más debilitado.
