Miguel Cabrera, Vocal del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, analiza la situación creada por la crisis del COVID-19 en algunos de los más pequeños actores que desarrollan su labor dentro del sector forestal español, y que están resultando muy expuestos a sus consecuencias.
A estas alturas del estado de alarma producido por la pandemia COVID-19 parece suficientemente conocido el paquete de medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para ayudar a los trabajadores autónomos. A modo de sucinto resumen se pueden citar, entre otras:
- el aplazamiento bonificado y fraccionamiento del pago de impuestos sin necesidad de aportar garantías (también aplicable a pequeñas empresas)
- prestación económica extraordinaria a los que vean reducida su facturación en, al menos, un 75% de su facturación media del semestre anterior, con cargo a la Seguridad Social
- adaptación del pago de IRPF en el método de estimación objetiva y el ingreso a cuenta del régimen simplificado del IVA a los ingresos reales
- medidas de flexibilización de los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada (ERTE) por causa de fuerza mayor, considerándose COVID-19 como tal, siempre que la empresa esté dentro de las consideradas en el RDL 463/2020 como que desarrollan actividades esenciales
- línea de avales a través del ICO para autónomos
- moratoria de deuda hipotecaria y no hipotecaria para autónomos en situación de vulnerabilidad en contratos que impliquen financiación para su negocio
- moratoria de las cotizaciones sociales y pago de deudas a la Seguridad Social para autónomos afectados en su actividad por el COVID-19
Estas son medidas de carácter general y contenido económico, por supuesto, pero bajando al terreno, los autónomos nos enfrentamos a la incertidumbre del futuro de nuestros contratos; obviamente los que están en firme con la Administración no entran en esta categoría, por lo que los primeros meses de este año 2020 posteriores al fin del confinamiento del COVID (cuando sea) estarían cubiertos. Los que no están en esa situación de créditos en AD entran en la categoría de inciertos, claro, pero lo peor es lo que se ve venir para un plazo medio o largo.
Máxima incertidumbre en los contratos y licitaciones
Aprovechamiento forestal
La bajada del PIB, que diferentes fuentes vaticinan que será del 8% al 12%, el desempleo que se cifra para final de año o principios de 2021 en situaciones comparables al peor escenario de la crisis de 2008 – 2012 (del orden del 25%), hacen suponer un recorte drástico en la inversión pública en el capítulo del medio natural y ambiental, y ya se sabe que nuestra actividad depende, en buena medida, de ésta. La actividad privada, en un escenario de incertidumbre económica, será también la primera que retirará inversiones en este campo, salvo en aquellas empresas que requieren recursos forestales para su actividad esencial.
Otra de las consecuencias es la crisis de consumo provocada por el aumento del paro y la incertidumbre económica. Esto ya ha provocado una paralización del mercado de la madera, que es uno de los principales productos forestales desde el punto de vista económico. Esta situación de incertidumbre es un sector ya muy tocado por la anterior crisis, va a conllevar un descenso de ingresos en los montes y menos capacidad financiera para invertir en mejoras y consultoría.
Por otro lado, la obligación del teletrabajo ha puesto de manifiesto cierta precariedad tecnológica en las Administraciones públicas que ha provocado una ralentización de la respuesta de los técnicos de medioambiente y que ha afectado directamente a los rendimientos, contrataciones y desarrollo normal del trabajo de la empresa privada en el sector. El panorama pinta bastante oscuro …
Dificultades para el trabajo de campo
En otro orden de cosas, y bajando aún más al terreno práctico, ya «oliendo a tomillo», los autónomos que desarrollamos una parte importante de nuestro trabajo en campo nos encontramos con una dificultad no menor para el desarrollo de este: la imposibilidad de pernoctar y comer fuera de nuestros domicilios al estar cerrados, al menos en las primeras fases del confinamiento, tanto hoteles como restaurantes. Obviamente, mientras haya trabajo de gabinete la actividad continúa, y es cierto que la paralización de plazos administrativos ha podido servir en algunos casos para desatascar determinados expedientes, pero caso de prolongarse estas fases de confinamiento más estrictas, o de una hipotética recaída en estas allí donde se está avanzando a menos estrictas ahora, este sería otro hándicap para tener en cuenta en nuestra actividad.
Conclusiones
Aprovechamiento de corcho
La experiencia de la anterior crisis nos lleva a reflexionar si el recorte de financiación pública en el sector forestal y medioambiental tiene sentido. Es un sector barato desde el punto de vista presupuestario (su recorte no conlleva grandes ahorros), muy vocacional, que se sostiene en un voluntarioso y delicado equilibrio y donde la inversión pública sostiene una actividad empresarial que ha costado muchos años entretejer y que se destruye muy rápidamente ante recortes bruscos. Además de que la potencialidad creadora de empleo en el sector forestal, clamorosamente mayor que en otros muchos sectores productivos a igualdad de inversión realizada (por cada millón de euros invertido, en el sector forestal se pueden crear de 2 a 5 veces más empleos directos que en otros muchos sectores, y esto siendo conservadores) puede ser, tendría que serlo, un remedio muy eficaz para paliar la tasa de paro que se avecina.
La actividad forestal fija y lleva nueva población a las zonas rurales. Se ha estado hablando tanto tiempo de devolver la vida a las zonas rurales (la famosa y manida España Vaciada) que sería una pena devolver a la casilla de salida a uno de los sectores más prometedores para mantener y revitalizar la actividad económica en nuestros pueblos.
