La integración en la gestión forestal, agricultura y pesca, nueva orientación de la preservación de la biodiversidad aprobada en la COP13 de Cancún

El tema central de la reciente COP13 de la Convención de Diversidad Biológica celebrada del 4-17 de diciembre en Cancún, México, estuvo centrado en la integración de la preservación de la biodiversidad en la agricultura, gestión forestal, pesca y turismo.

Las actividades primarias son determinantes de los servicios ambientales y del estado de la biodiversidad de la mayor parte del Mundo excepto las zonas más remotas o estrictamente protegidas desde hace tiempo. En un planeta con más de 9.000 millones de habitantes y una pujante clase media no es viable pretender asegurar la creciente demanda de alimentos y materias primas renovables, básicas para la bioeconomía, y a la vez preservar la diversidad biológica solo mediante espacios estrictamente protegidos sin olvidar los demás servicios ambientales de tipo hidrológico, climático, social o paisajístico. La limitación espacial – en particular en Europa y Asia – obliga a superar el enfoque de la especialización excluyente típico de la primera fase de la preservación de la biodiversidad basada en espacios protegidos. Si queremos ir más allá aplicando la filosofía de “El futuro que queremos” (Documento central en la Cumbre de Río+20) hay que ser más ambiciosos e integrar los 3 pilares de la sostenibilidad, ambiental, social y económico superando los enfoques excluyentes del pasado.

Para hacer viable esta integración se hace necesario desarrollar una ordenación integrada del espacio rural que deje de lado la tendencia a la planificación sectorial predominante y los juegos tácticos de la supremacía respectiva. Ni el urbanismo ni la preservación de la biodiversidad pueden determinar en su conjunto el uso de los espacios no artificializados. Se hace necesario integrar la prevención de riesgos/desastres sean incendios o hidrogeológicos, preservación de la biodiversidad, los aspectos productivos, el paisaje o las infraestructuras abandonando apriorismos con el objetivo de su integración.

Resulta necesario matizar el término “pérdida de biodiversidad” cuando pasamos de la megaescala a la operativa. La población rural es la custodia de la biodiversidad y así debe de ser reconocida superando las políticas actuales en las que pende una espada de Damocles permanente sobre ella como potencial responsable de su pérdida cuando en realidad asume un coste desproporcionado del que la mayoría social urbana se desentiende excepto para imponer limitaciones a la minoría que habita y vive de los recursos forestales y pesqueros.

También resulta necesario basar las decisiones políticas en criterios objetivos y contrastables superando los clásicos bloqueos políticos de la política testimonialistaSi una especie ha dejado de estar amenazada en una determinada zona gracias a los esfuerzos concertados y su población pasa determinados umbrales debe ser tan automática su gestión como su protección estricta en caso contrario. Tenemos múltiples ejemplos donde no ha habido el correspondiente coraje político para ello generando considerables perjuicios ambientales, sociales y económicos fruto del simbolismo alcanzado por ciertas especies o el rechazo de plano a la caza por parte de grupos poco numerosos pero que pretenden imponer al resto de la sociedad su ideología. ¿Es ético el dispendio económico de regular las poblaciones excesivas a coste del erario público en muchos espacios protegidos cuando hay demanda para hacerlo pagando, en un país que, fruto de la crisis, tiene múltiples demandas sociales insuficientemente cubiertas? ¿Realmente pretendemos preservar la biodiversidad en numerosos espacios protegidos que sufren densidades de ungulados excesivas?

Finalmente, la pretendida integración quedará en la mera evocación estéril si al reconocimiento y protagonismo de la población rural no se alinea la consecuente generosidad de recursos. A escala internacional está plenamente contrastado que sistemas de tenencia que incluyan a la población rural, complementado con el pago por servicios ambientales, consiguen los mejores resultados en términos de reducción de incendios o deforestación así como provisión de servicios ambientales. Costa Rica es obviamente el caso paradigmático pero se van sumando otros países con similares resultados. Si nos tomamos seriamente la integración el pago por servicios ambientales debe integrar los otros servicios ambientales (carbono, hidrológicos, paisaje) así como la gestión que los asegure a largo plazo y la provisión sostenible de alimentos y materias primas renovables. Sin jugar a fondo el potencial de la bioeconomía será imposible resolver el reto del cambio climático que no puede ser pospuesto. Es tiempo de integración aplicando la filosofía de win-win.

Acerca de Eduardo Rojas Briales

Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes
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